Close
[Esta columna fue publicada originalmente por nuestro Director Ejecutivo Felipe Salce en El Diario de Atacama el martes 3 de diciembre de 2024]
La reciente declaración del G20 sobre la creación de un impuesto progresivo a las grandes fortunas representa un avance en la justicia fiscal global. Aunque el texto carece de detalles concretos, refleja un consenso creciente sobre la necesidad de que las mayores riquezas contribuyan al desarrollo y al bienestar colectivo. Este avance, aunque inicial, debe ser respaldado con esfuerzos para su implementación efectiva.
La propuesta, basada en los estudios del economista Gabriel Zucman, plantea que un impuesto universal del 2% sobre el patrimonio de las 3.300 personas más ricas podría recaudar hasta 250.000 millones de dólares anuales. Estos fondos se destinarían a combatir el hambre, la pobreza y el cambio climático, problemas que afectan desproporcionadamente a los países de menores ingresos. También financiaría proyectos esenciales, como lo es transición ecológica.
Un desafío clave es la evasión fiscal, facilitada por paraísos fiscales y complejas estructuras legales. Sin embargo, el compromiso del G20 de promover cooperación internacional, intercambio de información y armonización normativa supone un avance importante. Si estos esfuerzos se implementan con rigor, es posible reducir las oportunidades de evasión y asegurar una tributación más equitativa.
La extrema concentración de riqueza plantea interrogantes éticos y resulta económicamente ineficiente. Estudios han demostrado que la desigualdad extrema limita el crecimiento, reduce el consumo y genera inestabilidad política. Un impuesto a las grandes fortunas no es solo redistributivo, sino también una inversión en estabilidad y sostenibilidad.
Para que esta propuesta no quede en una declaración simbólica, será fundamental definir criterios claros, coordinar esfuerzos internacionales y garantizar transparencia. La participación de expertos y organizaciones internacionales será clave para diseñar un esquema eficaz y equitativo.
En un mundo donde unas pocas personas poseen una riqueza superior al PIB de muchos países, resulta inaceptable que estas fortunas contribuyan tan poco al bienestar colectivo. La declaración del G20 es un paso en la dirección correcta, pero el verdadero reto es convertir estas palabras en acciones concretas.
Felipe Salce
Director Ejecutivo
Centro Contribuye
