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En los Estado modernos, son nuestros representantes, democráticamente electos, quienes definen cómo se aportan los recursos necesarios para el funcionamiento de los bienes y servicios públicos provistos por el Estado y el aseguramiento de derechos civiles, sociales, económicos, culturales y ambientales que la sociedad vaya acordando.
Sin embargo, la representación y los impuestos trae aparejado el problema sobre cómo se discuten y deciden las leyes tributarias. Al ser muy técnicas, distintas discusiones pueden quedar en manos de expertos y especialistas cuyas opiniones pueden estar guiadas por preferencias específicas. Esto puede generar que las preferencias de ciertos grupos de la sociedad estén sobrerrepresentadas, y además, que en algunos casos se hagan pasar por “técnicas” opiniones que tienen una preferencia política o la defensa de intereses específicos.
Es importante que la ciudadanía participe de las discusiones; que busque entender los distintos temas, que pueda opinar, que estén representadas y representados. No es lo mismo que se quiera subir el IVA en algunos países de América Latina, a que se quieran establecer impuestos al patrimonio. Quienes tendrán que pagar esos impuestos son ciudadanos distintos, y por lo mismo, es necesario que ante las discusiones tributarias haya participación de la ciudadanía.
¿Quiere decir esto que va a ser imposible ponerse de acuerdo? No, al contrario. En la medida que existe una mayor participación y que todas y todos nos sentimos representados por los acuerdos que se logren, aumenta la confianza en el sistema tributario.
